Los 13 centros de reclusión de la Ciudad de México son controlados por al menos cuatro células de presos del crimen organizado y narcotráfico, las cuales operan con la complicidad de personal de seguridad, custodia y de los directores de los centros penitenciarios, como ha quedado asentado en quejas presentadas por familiares de reclusos ante la Comisión de Derechos Humanos y la Fiscalía capitalina.
Algunos de los delitos de alto impacto documentados dan cuenta de extorsión a internos, extorsión a familiares de internos, violencia física y psicológica, cobro de cuotas, distribución y venta de drogas, así como homicidios y corrupción.
Sin embargo, a pesar de que las primeras quejas y denuncias tienen fecha de 5 de enero de 2023, ninguna ha procedido, pues no le han merecido su atención al jefe de gobierno Martí Batres.
En denuncia anónima por escrito de este año (29 de febrero) y con sello de acuse de recibido de la Fiscalía Especializada en Combate a la Delincuencia, dirigida a Richard Urbina Vega, agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, son señalados el subsecretario del sistema penitenciario, Omar Reyes Colmenares, y los «orcus» (demonios del inframundo de acuerdo con la mitología romana encargados de castigar los juramentos rotos) Aldo Aragón Sánchez y Andrés Bravo, así como de los comandantes, uno de apellido Esparza, del Reclusorio Oriente, apodado el «Muerto», y otro del Reclusorio Sur de apellido Margain, de «haber entregado el control total» de dichos centros de reclusión a una serie de internos relacionados con diversas células delictivas.
Tras de que el Congreso de la Ciudad de México aprobó en agosto de 2021 que el control de las cárceles capitalinas pasara de la Secretaría de Gobierno a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), cuyo titular era Omar García Harfuch, a fin de que, según el argumento de la iniciativa, se redujeran los delitos que se cometían desde las cárceles, como la extorsión telefónica y los secuestros, la situación empeoró; a decir de los denunciantes «la venta de los reclusorios empezó el 25 de diciembre de 2022».
La presunta venta se habría hecho a Alejandro Nery Ortiz, el «Carnal», sicario del Cártel de Sinaloa; socio del «Cuini», el «Gárgola», el «Vaquero», el «Yuri», de Guillermo Muñoz alias «Memo el Fugas»; Daniel Cruz el «Kiko», Luis Díaz el «Suave», Daniel Álvarez la «Mole», Alberto Morales el «Pitufo», Ignacio Jiménez el «Bull», Rafael Arellano el «Cata» y Edgar Suárez el «Sanaplas».
«Ese día –detalla la denuncia– al reclusorio preventivo varonil de Santa Martha llegaron los orcus Aldo Bruno y Andrés Bravo con 50 policías preventivos para una revisión en el área del Diamante; todas las personas que sabían que podían ser un peligro para ellos las segregaron en una zona especial y ahí les empezaron a pegar para que los demás internos vieran el poder que tenían ya con el gobierno».
Según la denuncia, los mismos custodios «les dieron navajas y armas de fuego para que sometieran a los internos que tenían la venta de todo, es decir, de las drogas y de la tienda».
Igual sucede en el Reclusorio Oriente donde es señalado el comandante al que apodan el «Muerto» de otorgar «demasiados privilegios» a internos como Enrique Acosta el «Kike» y Héctor Avendaño el «Meño», ambos presuntos integrantes del Cártel de Sinaloa.
Los denunciantes piden que se llame a declarar a los servidores públicos señalados en la denuncia, como el subsecretario Omar Colmenares, así como a sus «orcus» Aldo Sánchez, director ejecutivo de Seguridad Penitenciaria, y Andrés Bravo, subdirector de Seguridad del sistema penitenciario; al igual que a los comandantes del Reclusorio Oriente, uno de apellido Esparza, y Margain, del Reclusorio Sur.
De acuerdo con lo que se apunta en otra denuncia anónima, la situación ha rebasado a la autoridad penitenciaria, «por lo que la violencia ya no sólo es sobre internos, ahora ha llegado a los familiares, quienes han sido víctimas de amenazas, extorsión y cobro de cuotas».
Reos han señalado a Alejandro Nery como autor intelectual del asesinado de la activista transgénero y aspirante al Senado por Morena, Samantha Gómez Fonseca, quien recibió varios disparos mientras viajaba en un coche en la alcaldía de Xochimilco.
La defensora de derechos humanos al tomar cartas en el asunto e investigar la situación en los 13 centros de reclusión de la Ciudad de México había recibido amenazas de muerte por parte de Alejandro Nery.
Sin embargo, a pesar de manifestaciones y bloqueos que familiares de reclusos del sistema penitenciario de la Ciudad de México han realizado, el jefe de gobierno, Martí Batres, ha permanecido indiferente a la situación y, por el contrario, su discurso es el de que los índices de criminalidad y delincuencia han tenido considerable descenso en la capital de la República.
